Reducción de empleos estatales: el Gobierno lanzó un nuevo plan de retiro voluntario para 20.000 trabajadores
El decreto abre la inscripción entre el 1 y el 30 de noviembre y prevé compensaciones de hasta 25 sueldos. Quienes adhieran no podrán volver a la administración pública por 8 años: «Buscamos reducir el gasto público».
El Gobierno oficializó este lunes un nuevo régimen de retiros voluntarios para empleados de la administración pública nacional centralizada mediante el decreto 1203/2026, publicado en el Boletín Oficial. La medida alcanza a unos 20.000 agentes en condiciones de adherirse, abre la inscripción entre el 1 y el 30 de noviembre -con posibilidad de una prórroga única de 30 días- y prevé compensaciones de hasta 25 sueldos o el cobro del 60% del salario bruto mensual por hasta 36 meses. Quienes se acojan no podrán volver a ser contratados en el sector público durante ocho años.
El esquema establece compensaciones diferenciadas según la edad, los aportes jubilatorios y la antigüedad de cada agente. El primer grupo abarca a las mujeres desde los 58 años y a los hombres desde los 63 que no reúnan los aportes suficientes para jubilarse: podrán optar entre una gratificación única o el 60% del salario bruto mensual por hasta 36 meses. El segundo incluye a mujeres de 58 a 64 años y a varones de 63 a 64 con al menos 30 años de aportes, que cobrarán hasta 18 sueldos -uno por cada año de servicio, con los topes que fija el decreto- más cinco remuneraciones adicionales.
El tercer grupo, el más numeroso, comprende a las mujeres de hasta 57 años y a los hombres de hasta 62. En ese caso la gratificación equivale a un salario por cada año de antigüedad, con un máximo de 20 remuneraciones, a las que se suman cuatro o cinco salarios más según el trabajador acumule menos de 15 años de servicio o 15 años o más. Con esos adicionales, el tope del beneficio llega a los 25 sueldos. En todos los casos, la adhesión implica el cese definitivo de la relación laboral y la eliminación del cargo presupuestario correspondiente.
El régimen está dirigido sólo a quienes revistan en planta permanente bajo la Ley 25.164 o tengan un contrato por tiempo indeterminado en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo, y se desempeñen en las jurisdicciones de la administración nacional centralizada: Presidencia de la Nación, jefatura de Gabinete, ministerios y secretarías, el Congreso, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Quedan afuera los contratados transitorios y el personal encuadrado en el artículo 9 de la Ley Marco, los organismos descentralizados, entre ellos la ANSES; así como las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el Servicio Exterior y la secretaría de Inteligencia de Estado, entre otros sectores.
Para anotarse, los agentes no deben tener procesos penales ni sumarios administrativos graves pendientes: quedan excluidos quienes estén procesados por delitos contra la administración pública —salvo que obtengan una absolución firme antes del cierre de la inscripción— y quienes enfrenten expedientes que puedan derivar en cesantía, exoneración o perjuicio fiscal. Tampoco podrán adherirse los empleados en disponibilidad, los que hayan presentado una renuncia pendiente de aceptación ni quienes estén en el cuarto año de licencia por afecciones o lesiones de largo tratamiento. Además, quienes tengan demandas judiciales o reclamos administrativos contra el Estado deberán desistir formalmente de esas acciones.
Las autoridades de cada jurisdicción tendrán 40 días corridos desde el cierre de la inscripción para resolver cada solicitud y podrán rechazarla si la baja afecta la prestación del servicio; si no hay aceptación expresa en ese plazo, el pedido se considera desestimado. La norma incluye, además, una cláusula contra la «puerta giratoria»: quienes participen no podrán volver a ser contratados en el sector público por ocho años o deberán devolver el dinero cobrado. «Seguimos buscando maneras de reducir el gasto público para seguir bajando impuestos«, escribió el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, al anunciar la medida en sus redes sociales.
El nuevo esquema forma parte del plan de «motosierra» con el que el presidente Javier Milei y su ministro de Desregulación buscan achicar la estructura del Estado, y se suma a otras convocatorias previas: la ANSES cerró el 30 de septiembre la segunda etapa de su propio plan de retiros, con compensaciones de hasta 19 haberes brutos y una prohibición de reingreso de cinco años. El decreto, firmado por Milei, Sturzenegger y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, sostiene en sus considerandos que los cargos que queden vacantes «serán suprimidos», lo que redundará en «una mejor gestión de los recursos» del Estado.
elCanciller
