Causa Seguros: tras el procesamiento, Alberto Fernández apeló y pide la falta de mérito
La defensa del expresidente cuestionó que la decisión de enjuiciarlo se tomó en base a «una plataforma fáctica y jurídica por la cual no fue indagado» y que se le imputaron «conductas novedosas».
La defensa de Alberto Fernández apeló en las últimas horas el procesamiento del expresidente en la causa Seguros y pidió a la Cámara Federal porteña que le dicte la falta de mérito mientras avanza la investigación y se ordenan nuevas medidas de prueba.
En su presentación, la abogada Mariana Barbitta cuestionó que la decisión del juez Sebastián Casanello de enjuiciar a quien fuera jefe de Estado entre 2019 y 2023 se tomó en base a «una plataforma fáctica y jurídica por la cual no fue indagado«.
Además, la letrada advirtió que el magistrado le imputó a su defendido «conductas novedosas», como la creación del puesto en el que se desempeñó la pareja del broker Héctor Martínez Sosa, María Cantero, o el no haber informado un potencial conflicto de intereses.
Entre las acusaciones contra el exmandatario, a quien se investiga por irregularidades en la contratación de seguros para organismos públicos durante su Gobierno, Barbitta también consideró llamativa la de «haber construido una oficina que pasó a ser asiento de un grupo empresarial del cual él mismo había ‘participado’«.
«El agravio es extremadamente claro, jamás se le imputó en el llamado a indagatoria, ni en las audiencias, este abanico de acciones y omisiones«, subrayó la abogada y recordó que aún está pendiente la resolución de la Corte Suprema sobre la recusación de Julián Ercolini, quien precedió a Casanello en el tribunal a cargo del caso.
En este sentido, consideró que «no es viable de ninguna manera procesar al Sr. Fernández en base a la investigación hecha por un Magistrado recusado, porque se viola de manera clara el principio de imparcialidad«.
Asimismo, alertó que «es grave institucional y democráticamente imputar y procesar a un ex Presidente de la Nación en base a una investigación periodística que es denunciada por la oposición política». Al respecto, opinó que no hay una pesquisa «seria, amplia y objetiva, sino un señalamiento y una persecución infundada«.
El recurso de la defensa del también extitular del Partido Justicialista -sobre el que deberá resolver el Tribunal de Apelaciones- responde al enjuiciamiento por «negocios incompatibles con el ejercicio de la función pública», motivo por el que el exjefe de Estado podría enfrentar una pena de entre uno y seis años de prisión.
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