Comenzó el juicio oral por la desaparición en Corrientes de Loan Peña: todos los detalles del caso
El niño de 5 años fue visto por última vez el 13 de junio de 2024, cuando almorzó junto a su padre y otros familiares y amigos en la casa de su abuela Catalina, en las afueras de la localidad de 9 de Julio.
A caballo y junto a su padre –José-, el 13 de junio de 2024 Loan Peña llegó a la casa de su abuela en el Paraje Algarrobal, a unos 8 kilómetros del casco urbano de la localidad correntina de 9 de Julio. Al parecer, Catalina, de 87 años, no los esperaba, pero igualmente los invitó a unirse a un almuerzo que habitualmente organizaba por el Día de San Antonio y en el que participaron dos de los tíos del menor, siete primos –cinco menores de edad- y dos matrimonios amigos de la familia.
Después de comer, Antonio Benítez –tío político del niño correntino- y la pareja integrada por Daniel «Fierrito» Ramírez y Mónica Millapi salieron con los seis menores de edad presentes a buscar frutas a un naranjal situado a unos 600 metros de la casa de la octogenaria. Loan nunca regresó.
Este martes, el Tribunal Federal de Corrientes comenzó a debatir en un juicio oral qué ocurrió con el niño que por entonces tenía 5 años, en un caso que mantuvo en vilo el país, que incluyó numerosas marchas organizadas por sus padres y que tiene muchísimas más dudas que certezas.
La Fiscalía Federal llegó al debate con un núcleo de hechos ya acreditados y con interrogantes centrales aún sin resolver. «Está probado que lo sustrajeron y lo trasladaron en un auto. Lo que falta saber es a dónde lo llevaron y por qué lo hicieron», explicó el fiscal federal Carlos Schaefer.
Según la acusación, la desaparición se produjo en un descampado elegido deliberadamente, sin cámaras ni controles, lo que permitió ejecutar la maniobra con rapidez.
Por el hecho principal hay siete personas imputadas por el delito de sustracción de menores. Son ellos, además de Ramírez, Millapi y Benítez, Laudelina Peña –tía de Loan-, el matrimonio formado por el exmarino Carlos Pérez y la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, aparentemente los cerebros del rapto, y el excomisario de 9 de Julio Walter Maciel.
Todos los acusados permanecen detenidos en cárceles comunes, salvo Millapi, quien cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica por motivos familiares. Pero nada se sabe del paradero del niño ni qué le pasó después del secuestro.
El delito por el que llegarán a juicio prevé penas de entre 5 y 15 años de prisión, por tratarse de un menor de cinco años. La Fiscalía sostiene que existió planificación previa y un traslado vehicular inmediatamente posterior a la sustracción.
Al proceso también llegarán como imputadas otras 10 personas, aunque en este caso por entorpecer el avance de la causa, la manipulación de testimonios y la defraudación a la administración pública.
El juicio tendrá una inusual magnitud. La Fiscalía presentó cerca de 800 testigos debido a la complejidad del caso, que incluyó pruebas «plantadas» (un botín que durante semanas desorientó a la pesquisa) y numerosas pistas falsas, sobre todo al comienzo de la investigación, cuando el tiempo resultaba clave.
El 24 de junio de 2024, la Justicia de Corrientes se declaró incompetente y la causa pasó al fuero federal, ya que el delito de trata de personas le corresponde a ese ámbito. La investigación quedó en manos de la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, auxiliada por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), dependiente del Poder Judicial de la Nación.
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