Sin esperar la respuesta de la jueza, el Gobierno apeló el fallo de Preska por la entrega de las acciones de YPF
Argentina presentó a través de los abogados del Estado un escrito ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, antes de conocer la decisión que tiene que tomar la magistrada sobre si suspende o no la ejecución de la sentencia.
El gobierno argentino presentó este jueves un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York contra el fallo de primera instancia por el que Loretta Preska ordenó al Estado nacional a entregar el paquete accionario del 51% que posee en la petrolera YPF, como parte de pago de los más de USD 16.000 millones con los que multó al país por la expropiación de la compañía en 2012.
Los abogados que representan al Ejecutivo apelaron la decisión sin esperar el dictamen que tenía que emitir la magistrada sobre si aprueba o no el pedido de suspensión del traspaso de los títulos solicitado.
El próximo lunes 14 de julio vence el plazo de dos semanas impuesto por Preska para que se efectivice el depósito bajo custodia en un banco de Nueva York. Con esa medida, la jueza busca que se ejecute la condena contra la Argentina y a favor de los fondos Burford y Eton Park, beneficiarios de la demanda por la nacionalización de la empresa de hidrocarburos.
Tras esa orden de entrega de las acciones, la gestión de Javier Milei había reclamado la suspensión hasta tanto presentara la apelación ante la corte correspondiente, con el fundamento de que el caso es inédito y dicho cumplimiento implicaría un perjuicio para terceros.
Previamente esta semana , el Gobierno emitió dos descargos en los que insistió con la suspensión del fallo y advirtió que su cumplimiento llevaría al país a «violar su propia legislación«. Además, apuntó contra Axel Kicillof al considerar que «continúa entorpeciendo y empeorando la posición» nacional. Tras el rechazo de los beneficiarios del litigio a la solicitud local de anular la sentencia de Preska, la Procuración del Tesoro le reclamó que «se expida» sobre ese pedido.
En el primer escrito -en respuesta al fondo Bainbridge-, los abogados del Estado argentino subrayaron que el proceso por la estatización de la empresa «no es una disputa comercial ordinaria, sino un caso sin precedentes» que cuenta con un fallo «aún apelado» y , que «plantea cuestiones jurídicas complejas, sobre las cuales incluso el gobierno de EEUU discrepa con la decisión» del juzgado.
Además, advirtieron por un «daño irreparable e imposibilidad legal de cumplimiento» al señalar que la ejecución de la orden «obligaría a Argentina a violar su propia legislación y perder el control sobre YPF de forma irreversible». A su vez, remarcaron que la transferencia de las acciones debería realizarse bajo un nuevo contrato de custodia y en una cuenta bajo jurisdicción estadounidense, algo que el Gobierno considera jurídicamente inválido.
También aseguraron que «los demandantes no sufrirían daños por la suspensión» de la sentencia, aclararon que la legislación nacional «impide vender acciones» de la petrolera «sin aprobación legislativa» y alertaron que «la ejecución inmediata podría afectar a terceros no involucrados -como las provincias y bonistas- y activar cláusulas contractuales adversas para YPF, por lo que mantener el statu quo favorece el interés público«.
En el otro descargo, dirigido al fondo Petersen/Eton Park, la Procuración apuntó especialmente a Kicillof, cuyos dichos en contra del fallo fueron citados por los demandantes como una prueba de que la Argentina estaría obstruyendo el proceso. En este sentido, aclaró que el Gobernador bonaerense no forma parte del Ejecutivo nacional y que su opinión no influye en la estrategia legal de la actual administración.
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